Las primeras comparecencias de testigos ante el Tribunal Supremo, que juzga ahora sólo el caso mascarillas, ha mostrado lo cuantitativamente menor pero lo esencial: la más desvergonzada hipocresía de una cuadrilla de aprovechados que llegaron corrompidos al poder con la regeneración por bandera; que hicieron gala de feminismo con actitudes, comportamientos, ahorros turbios para su propia promoción y comentarios soeces incompatibles con sus rimbombantes declaraciones y que mostraron una absoluta falta de sensibilidad, ampliando sus dividendos mientras los españoles estábamos encerrados en nuestras casas por un decreto a la China, aterrados, contando con los dedos, sin datos oficiales -consultando las cifras de la Universidad Johns Hopkins-, el número de muertos. Para los acusados, sus encubridores y promotores, la pandemia del Covid fue otra oportunidad más de negocio.
Lo esencial es también que la cuadrilla y sus complacientes socios usan lo público en beneficio propio: sea una tele, una Universidad para un Máster de Transformación Social Competitiva o una obra pública. Se introdujeron en el corazón del poder para malversar y expoliar las arcas del Estado y cantar récord de recaudación. Las clases medias tiritan cada abril, los coches pegan brincos en los continuos y contiguos socavones de las autovías y el tren descarriló en Adamuz porque, aunque técnicamente se podía detectar la avería, Adif no activó un mecanismo que permitiese hacerlo con fiabilidad. No hay Presupuestos desde 2023. Con opacidad, el Gobierno amplia créditos, transfiere otros y reasigna partidas. Sánchez modifica las cuentas pero no las rinde ante el Parlamento: más gastos... y a la China.
Jessica Rodríguez, Claudia Montes y las Pano -madre e hija- son la punta del iceberg. Dos enchufadas en un Ministerio y 90.000 euros en bolsas de plástico con destino a Ferraz. Antes del negocio de las mascarillas ya operaba Servinabar, la empresa de Cerdán que inició su actividad en Navarra. En pandemia se procedió, con Aldama de por medio, al rescate de Globalia. Aldama fue contratado por Air Europa para tratar de sacar de Venezuela un dinero de la compañía que Maduro tenía retenido. Disponía de tres meses para ejecutar el encargo. Al filo del plazo, el corazón de la trama gestionó el clandestino viaje de Delcy Rodríguez [«Ya estás en la familia», le dijo ella, melosa, a Aldama], a mesa puesta, a España. Globalia financiaba a Begoña Gómez. Cuando sus chanchullos salieron a la luz, Cerdán puso en marcha las cloacas con la fontanera Leire Díez al frente. El Gobierno -con la SEPI «fuera de control», según el secretario de Estado Pedro Saura-, activó el sorprendente y sospechoso rescate de Plus Ultra: la Audiencia Nacional investiga por lavado de dinero a la aerolínea y a un íntimo de Zapatero, testaferro o contratista.
La pista del dinero de las Pano señala en dirección al rescate de Air Europa e hidrocarburos. Este caso, que investiga la Audiencia Nacional, parte de la presunción de que Aldama pudo mediar y comisionar para que Claudio Rivas obtuviera una licencia para operar con el petróleo venezolano: comprarlo sin IVA y venderlo con IVA. Al margen, pero en la órbita, de la parte de la organización criminal que es juzgada el Supremo gravita el caso Forestalia. Son los vasos comunicantes o el espíritu que guio la moción; Sánchez se solaza en Pekín.