- ANDRÉS STUMPF Bruselas
La mayoría de las empresas se libra de reportar su impacto ambiental y el de su cadena de suministro limitando la carga a las compañías más grandes.
La Unión Europea materializa su gran ejercicio de simplificación verde, un hachazo a la regulación ambiental que había construido durante años y que ahora le estorba en su nuevo propósito: cerrar la brecha de la competitividad respecto a Estados Unidos y China.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea llegaron ayer a un acuerdo para eximir aproximadamente al 90% de las empresas -tanto europeas como extranjeras- de la normativa de reportes de sostenibilidad a la que tenían que hacer frente y por las que se les exigía revelar sus impactos sociales y ambientales siguiendo los estándares de sostenibilidad de la UE, con auditorías exhaustivas para garantizar la credibilidad. También se reduce la carga burocrática que exigía a las empresas abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente de su operativa, la de sus filiales y la de su cadena de suministro.
Las instituciones ratifican con ello la propuesta legislativa que lanzó la Comisión Europea a finales de febrero en el primer gran paquete de simplificación de los seis que hay ahora mismo sobre la mesa. Se trata de una medida que ahorrará 4.500 millones de euros a las compañías europeas en burocracia y cumplimiento normativo, según las estimaciones del Ejecutivo comunitario.
"Acojo con satisfacción el acuerdo político sobre el paquete de simplificación Ómnibus I. Con un ahorro de hasta 4.500 millones de euros, reducirá los costes administrativos, la burocracia y facilitará el cumplimiento de las normas de sostenibilidad", aseguró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que indicó que "simplificamos la actividad empresarial en Europa manteniéndonos fieles a nuestros valores".
Pero no todos lo ven de la misma manera. La Comisión Europea ya había rebajado de forma considerable el umbral de las empresas que quedaban eximidas de cumplir con la regulación de sostenibilidad dejando fuera a alrededor de un 80% de las firmas, pero la Eurocámara y el Consejo de la UE optaron por ir incluso más allá.
El Ejecutivo comunitario propuso que las compañías con menos de 1.000 empleados quedaran eximidas de reportar el impacto ambiental de su cadena de suministro. En el acuerdo final, los colegisladores complementaron ese estándar con un umbral de facturación neta de 450 millones de euros por debajo del cual también se lograba la exención independientemente del número de trabajadores.
En lo que respecta a la regulación que contemplaba que las empresas abordaran con estrategias corporativas su impacto ambiental, el acuerdo provisional fija en 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación neta, el mínimo a partir del cual una compañía tendría que cumplir con la regulación.
"Los colegisladores consideraron que estas grandes empresas tienen la mayor influencia en su cadena de valor y están mejor equipadas para generar un impacto positivo y absorber los costes y las cargas", señalaron ayer las instituciones europeas.
Además, para las compañías que sí seguirán teniendo que cumplimentar los reportes de sostenibilidad, las exigencias se retrasan dos años más en lugar de entrar en vigor ya en 2026. Por último, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE acordaron rebajar la multa máxima por el incumplimiento de esta regulación hasta el 3% de la facturación global anual de la compañía infractora, frente al 5% que reflejaba la legislación vigente.
El Omnibus I, también conocido como simplificación de la regulación sostenible, ha sido especialmente polémico y lento en su tramitación. Frente a otras iniciativas legislativas que han encontrado en la ola de competitividad el impulso necesario para ratificarse de forma acelerada, estas medidas se vieron trabadas porque suponían romper parcialmente con las ambiciones verdes adoptadas por Europa en los últimos años.
Tanto fue así, que el expediente casi llegó a empujar a la coalición parlamentaria que reeligió a Von der Leyen y su nueva Comisión al borde del colapso. De hecho, el Partido Popular Europeo (PPE) tuvo que aliarse con la extrema derecha por primera vez para lograr el acuerdo y sacar adelante una medida bloqueada.
La negociación también contó con una presión extrema por parte de Estados Unidos, donde la legislación verde ha sido objeto de crítica voraz desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump. Las empresas estadounidenses, de gran tamaño, verán como sus requerimientos se reducen ahora en sus negocios en Europa.
"Durante años, las empresas europeas se han enfrentado a una oleada tras otra de burocracia. Esto ha frenado las inversiones verdes y debilitado nuestra competitividad. Ahora estamos dando un paso importante en la dirección correcta", señaló ayer Morten Bødskov, Ministro de Industria, Negocios y Asuntos Financieros de Dinamarca, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE este semestre.
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