- El 80% de la energía de los 'data center' deberá ser renovable
- Los centros de datos temen que la nueva ley limite su competitividad
- La propuesta de ley de centros de datos incluye grandes sanciones por incumplimiento
Piden ampliar los plazos de la audiencia pública de la nueva normativa, que acaba el 4 de septiembre, y crear una mesa técnica de trabajo entre el Gobierno y el sector.
La patronal española de los centros de datos, SpainDC, ha vuelto a trasladar su preocupación por la propuesta normativa del Gobierno para ordenar el sector tras analizar el proyecto de real decreto publicado el pasado jueves.
La asociación advierte de que, según sus cálculos, si la propuesta normativa se aprueba en sus actuales términos España pondría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de llegar al país.
Apuntan asimismo que España se situaría como el país con el marco regulatorio "más restrictivo de la Unión Europea" para los centros de datos, "en una línea radicalmente contraria a la de otros países comunitarios, que compatibilizan sostenibilidad y soberanía con capacidad de atraer nuevas inversiones digitales", agrega.
Recuerda también que las estimaciones de su último informe anual indican que España podría recibir en torno a 67.000 millones de euros de inversión directa e indirecta acumulada entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad, mientras que en un escenario restrictivo esa cifra se podía ver reducida en un 36%.
"Lo que hace unos meses se consideraba un escenario restrictivo, hoy puede parecer incluso moderado frente al impacto potencial del texto conocido. Aquel escenario ya partía de una previsión negativa, con restricciones de red, mayores dificultades regulatorias, retrasos y desplazamiento de proyectos hacia otros mercados, pero no contemplaba un marco de esta intensidad ni la acumulación de exigencias que introduce el actual proyecto de real decreto", subraya SpainDC en un comunicado.
La entidad afirma, sin embargo, compartir los objetivos del Gobierno de combatir la especulación y liberar la capacidad eléctrica asociada a proyectos sin expectativa real de ejecución.
Preocupaciones
En este contexto, SpainDC señala que entre sus principales preocupaciones figuran la combinación de adicionalidad y correlación renovable, las exigencias de eficiencia energética e hídrica, la rigidez contractual y el régimen de recargos.
Uno de los elementos principales de la propuesta del Ejecutivo tiene que ver con que el 80% del consumo energético de los centros de datos proceda de fuentes renovables. A ello se añade la adicionalidad, que consiste en que por cada megavatio que se consuma se deberá haber instalado un megavatio nuevo de energía renovable en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento de la instalación.
Otra exigencia es que, en cada hora de funcionamiento del centro de datos, el 80% de su consumo eléctrico deberá proceder de fuentes que estén generando esa energía en ese mismo momento, es decir, deberá existir una correlación entre consumo y producción renovable.
El texto presentado por el Gobierno indica que las sanciones por incumplir estas exigencias pasan por aplicar recargos sobre los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, así como sobre los cargos del sistema eléctrico.
En el caso de la adicionalidad de generación renovable, se establece una horquilla que, en su caso más grave, cuando el cumplimiento es inferior al 20% del consumo anual, establece un recargo del 500%. El caso más leve, con un cumplimiento de la exigencia de entre el 60% y el 80%, el recargo asciende al 100%.
En el caso de la correlación , cuando el incumplimiento sobre el total de horas del mes sea inferior al 5%, el recargo aplicable será del 10%, mientras que cuando el incumplimiento iguale o supere el 20%, el recargo se eleva hasta el 50%.
La normativa planteada también contempla escenarios en los que las instalaciones podrían llegar a perder el derecho de acceso a la red eléctrica.
Críticas al proceso
SpainDC también critica el proceso seguido por el Gobierno para tramitar su propuesta normativa. El documento se publicó el jueves y se concedió una semana al sector para remitir alegaciones dentro del proceso de audiencia pública.
La asociación ha solicitado una ampliación del plazo de audiencia y la "constitución inmediata" de una mesa técnica de trabajo con el sector.
"El Gobierno nos manifestó que quería trabajar de la mano del sector. Sin embargo, hemos recibido un texto extremadamente desarrollado, con consecuencias muy relevantes para inversiones ya en marcha y futuras, y un margen extraordinariamente reducido para analizarlo. Si existe una voluntad real de diálogo, necesitamos tiempo y una mesa en la que ese diálogo pueda producir cambios efectivos", asegura el presidente de SpainDC, Emilio Díaz.
Objetivos del Gobierno
Fuentes del Gobierno apuntaron la semana pasada que el objetivo de la propuesta normativa es anticiparse a la eclosión del sector de los centros de datos.
Una de las prioridades es intentar evitar que este tipo de instalaciones se conviertan en un agujero negro que acapare la capacidad renovable actual. Se busca evitar también que el incremento de la demanda eléctrica impulse el uso del gas natural para generación eléctrica si las energías renovables no crecen de forma proporcional.
De producirse ese escenario, el Gobierno prevé un aumento de los costes eléctricos para los consumidores, tal y como, según las fuentes gubernamentales, está ocurriendo en países como Estados Unidos o Irlanda.
También se busca lograr la eficiencia hídrica, por lo que también se incluyen requisitos sobre el consumo de agua de los centros de datos.
El proyecto de real decreto también incorpora elementos de resiliencia y soberanía digital. Exige que los operadores de centros de datos en España estén establecidos en la Unión Europea. Además, los datos, metadatos y registros gestionados por cada centro deberán mantenerse en territorio comunitario, y se reforzará el control sobre los accesos desde terceros países.
Asimismo, aquellos centros de datos que alojen información de las administraciones públicas o que puedan afectar a la seguridad nacional no podrán suministrar dichos datos a terceros países.
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