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Los ministros de Finanzas reclamarán este viernes a la Comisión Europea que inicie el proceso para eliminar todas las "normas redundantes y obsoletas" que lastran al sector de forma innecesaria.
La reforma de la regulación del sector bancario debe ser una de las grandes prioridades. Ese es el mensaje que los ministros de Finanzas de los países de la Unión Europea quieren trasladar a la Comisión Europea, a la que urgen a que presente cuanto antes su propuesta legislativa para simplificar la normativa del sector financiero.
Así se refleja en el borrador de las conclusiones de la cumbre del Ecofin que se celebra este viernes y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. En ese documento, los ministros de Finanzas solicitan al Ejecutivo comunitario "un plan integral y ambicioso para revisar, simplificar y, cuando sea pertinente, derogar los actos legislativos sobre los servicios financieros existentes".
Un hito
Hasta la fecha, la Comisión Europea no había incluido el paquete sobre el sector bancario (ómnibus de simplificación) entre las propuestas legislativas previstas para 2026, algo que ha hecho saltar las alarmas en un sector que espera con ansia el alivio regulatorio tras años constreñido.
Sin embargo, el mandato político que los países trasladarán a Bruselas con sus conclusiones marcará un antes y un después en este proceso con una llamada a acelerar los plazos, según aseguran fuentes comunitarias.
De hecho, los ministros de Finanzas solicitan que la propuesta legislativa de la Comisión Europea contenga plazos y prioridades claras para abordar cuanto antes el proceso.
Entre los reclamos que los países de la UE hacen a la CE se encuentra el deseo de que se ponga el foco en "la eliminación de requisitos innecesarios y en medidas con un alto potencial de impacto, incluso garantizando una mayor coherencia entre los diferentes campos de la legislación y su aplicación, alineando las definiciones, eliminando duplicidades, disposiciones obsoletas y requisitos de presentación de informes innecesarios o superpuestos".
Uno de las grandes peticiones de la banca es que la interpretación de la legislación financiera por parte de los entes reguladores, como el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA), han llevado a que se creen exigencias de capital superpuestas que dan lugar a requerimientos que las entidades consideran redundantes. Los ministros de Finanzas de la UE, en el borrador de las conclusiones, reconocen que "con el tiempo, la regulación de los servicios financieros se ha vuelto más compleja y extensa de lo necesario, lo que supone una carga para las empresas, incluidas las pymes; y para las administraciones y autoridades públicas".
Los representantes de los países europeos únicamente ponen la salvaguarda de que la reforma bancaria debe respetar los pilares de los estándares internacionales adoptados tras la crisis financiera de 2008 como unos requisitos sólidos de capital y liquidez, marcos de resolución robustos, una alta protección de los consumidores y los inversores, una supervisión eficaz y un marco sólido contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
"La simplificación no debe conducir a una desregulación", indican.
Nuevas reglas
Pero el Consejo de la Unión Europea no se limita a señalar a Bruselas lo que debe hacer con la regulación bancaria ya vigente. Los ministros de Finanzas añaden en sus conclusiones varios requerimientos sobre la articulación de las futuras normas para que sean "menos complejas y onerosas". En ese sentido, llaman a introducir una nueva capa de negociación en los procesos legislativos que fuerce a la Comisión Europea a debatir de forma preliminar con los Estados Miembros y el Parlamento Europeo cualquier iniciativa legislativa sobre el sector bancario que quiera presentar.
"Debería lograrse una desaceleración regulatoria con el objetivo general de proporcionar certidumbre y estabilidad regulatorias como base para la competitividad y el crecimiento económico", reclaman asimismo los países de la UE.
Además, los ministros de Finanzas solicitan que la Comisión Europea realice análisis de impacto sobre los cambios normativos que introduzca para saber en todo momento cómo afectarán al sector financiero y a la economía. Con ello buscan que las normas se guíen siempre por el principio de la proporcionalidad.
Para que las conclusiones pasen de ser un borrador a convertirse en un documento oficial deben aprobarse este viernes por unanimidad. Si alguno de los países se desmarca de la petición, el resto tendrá que recurrir a fórmulas diferentes para trasladar su mensaje, lo que pueden acabar ejerciendo menos presión sobre la Comisión Europea.
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