La demora en la reubicación de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias vuelve a tensionar las relaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo del archipiélago. Principalmente porque el ritmo de las salidas es inferior al de las resoluciones de los expedientes, según el balance que presentó ayer el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras la reunión que mantuvo el lunes pasado con los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melila, coordinada con los ministerios de Inclusión e Infancia.
Las cifras que maneja su departamento afirman haber resuelto 529 expedientes -aprobando el traslado a la península de los menores correspondientes-, frente a las 157 reubicaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias, lo que supondría un 29,6% "de los que se podría haber trasladado". En Ceuta y Melilla, este ritmo es superior al 70%. Así las cosas, Torres lamentó ayer no tener el dato concreto de las reubicaciones porque, según dijo, el Gobierno de canarias "no" se lo había trasladado.
La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, denunció en declaraciones ante los medios que los datos sí obran en poder del Gobierno; del Ministerio de Juventud e Infancia, como "dice el Real Decreto Ley", mediante el cual se estructura este procedimiento, señaló. "Si no hay coordinación entre ministerios, que no me pidan responsabilidades", reclamó.
Y es que los datos que maneja el Ejecutivo insular revelan un ritmo de derivaciones mayor que el que apuntó Torres. Según fuentes del Gobierno de Canarias, a fecha del pasado lunes el Gobierno central había emitido 559 resoluciones de traslado y se habían ejecutado 245 reubicaciones, lo que representa un porcentaje más elevado: del 43,8%. Entre los expedientes resueltos que la administración canaria dice haber recibido, 262 corresponden a las llamadas resoluciones exprés -correspondientes a los expedientes de los menores llegados después del 29 de agosto y que deben ser trasladados en un plazo máximo de 15 días-, y 297 a los de contingencia -anteriores al 29 de agosto y cuyo plazo para la reubicación es de un año desde la reforma de la Ley de Extranjería de marzo de 2025-.
Además, en este sentido, la consejera advirtió al ministro que si realmente "quieren colaborar, deben hacerlo con el Ministerio de Infancia, para hacer que las comunidades autónomas acepten esas resoluciones de traslado", que es donde, aseguró, se están "encontrando esas dificultades" para efectuar las derivaciones.
Tres autos del Tribunal Supremo hicieron falta para que el Gobierno se hiciera cargo de los menores solicitantes de asilo. Según el balance de Torres, hasta ahora se ha reubicado a 436 de esos jóvenes en otros territorios y a 131 en centros del archipiélago.
Junto a otros 441 menores que han salido de los territorios que tienen la contingencia migratoria declarada (Canarias, Ceuta y Melilla) en virtud del artículo 5 de la Ley de Extranjería, el total de menores derivados a la península en los últimos cuatro meses asciende a 877. Con estos datos en mente, el ministro aseguró que el Gobierno de España "cumple, ha cumplido y va a seguir cumpliendo".
La reforma de la Ley de Extranjería añadió una disposición adicional que afecta a los menores que ya estaban en el territorio antes de la declaración de la contingencia migratoria y que otorgaba un plazo de cuatro meses para resolver esos expedientes y reubicar a los menores en el plazo de un año. Así, Torres señaló que a 21 de noviembre Canarias había enviado al Ministerio de Infancia 432 informes de los 2.133 menores que el archipiélago afirmaba tutelar, y les apremió a acelerar el ritmo.
Delgado apuntó que el ritmo de envío de estos expedientes es de "50 o 60 por semana" y le afeó al ministro su falta de "lealtad" con una comunidad que había sido "clave" en el impulso de la reforma de la Ley de Extranjería. Según los datos que maneja el Gobierno canario, se le ha remitido a la Administración central un total de 702 expedientes. En la actualidad, según estas mismas fuentes, Canarias tutela a 4.218 menores migrantes no acompañados.