La estabilidad de la Diputación de Lugo depende ahora de la relación que el nuevo bipartito mantenga con un presunto acosador sexual. El PSOE logró ayer investir a Carmela López como nueva presidenta de la institución tras la dimisión en diciembre del anterior máximo responsable, José Tomé, señalado por hasta seis denunciantes por «comportamientos machistas».
La investidura salió adelante con el respaldo del BNG, socio clave del nuevo ejecutivo pese a su discurso de «tolerancia cero» frente a este tipo de conductas y, sobre todo, gracias al voto decisivo del propio Tomé, que pese a haber sido suspendido de militancia, conserva su acta como diputado no adscrito.
Los números retratan la fragilidad del nuevo escenario mejor que cualquier discurso. Sin su papeleta, la izquierda habría perdido la votación: nueve diputados del PSOE, tres del BNG y el escaño de Tomé sumaron los 13 votos necesarios para investir a Carmela López, frente a los 12 con los que contaba la alternativa del PP. De ahí que la oposición advierta ya de la «fragilidad» de la nueva mayoría y asista con desconcierto a un escenario en el que cada iniciativa relevante dependerá del papel que decida jugar Tomé.
Su capacidad de influencia no es menor. Si opta por la abstención, el bipartito podría salvar determinadas votaciones gracias al voto de calidad de la presidenta. Pero si decide votar en contra, tiene en su mano tumbar cualquier propuesta de calado, incluidos los presupuestos. Esa posibilidad convierte al ex presidente en un actor determinante pleno a pleno y lo eleva de dirigente cercado por el escándalo a árbitro silencioso de la legislatura.
Este equilibrio sitúa al PSOE en una posición especialmente comprometida. De cara a la galería, el partido mantiene una postura firme: condena las conductas denunciadas, sigue exigiendo a Tomé que entregue su acta de diputado provincial y que dimita como alcalde de Monforte de Lemos, cargo que aún ostenta. Pero en la práctica necesita evitar que el ex presidente se sienta lo suficientemente arrinconado como para dinamitar la mayoría que sostiene al nuevo ejecutivo.
Desde el mismo momento en que anunció su dimisión, Tomé defendió que daba el paso para «no perjudicar» a lo que considera «el partido de su vida» y aseguró que no tomaría ninguna decisión que pudiera poner en entredicho a la dirección socialista. Sin embargo, la estabilidad de la Diputación descansa sobre un hilo fino: basta una grieta interna, un choque político o un cambio de actitud para que una mayoría ya ajustada se vuelva inviable.
El PP ve en esta situación algo más que un problema provincial. Fuentes populares interpretan lo ocurrido en Lugo como un reflejo del PSOE a nivel nacional, sostenido por equilibrios precarios y apoyos incómodos -como los que mantiene con ERC- que obligan a ceder para conservar el poder. «Es el mismo esquema que en Ferraz», defienden.
EL PRECIO DEL BNG: 500.000 EUROS
Pero si la dependencia socialista resulta incómoda, la posición del BNG es todavía más difícil de explicar. Los nacionalistas han pasado en apenas unas semanas de marcar distancias públicas con José Tomé -reprobándolo en la Diputación y ausentándose de la última junta de gobierno que presidió antes de dimitir- a convertirse en pieza imprescindible de una investidura que solo era viable con su voto.
Según denuncia la oposición, ese giro tiene un coste político y también una traducción económica concreta. El acuerdo entre socialistas y nacionalistas incluye el compromiso de incrementar en 500.000 euros el Plan Diputación del ejercicio 2027, una cifra que el PP utilizó ayer para cuestionar la coherencia del pacto. «El BNG y el Partido Socialista le han puesto precio al feminismo: 500.000 euros. Eso es lo que vale la dignidad de las mujeres», denunció el portavoz popular, Antonio Ameijide.
En una breve intervención ante los medios antes de la votación, Ameijide ya dio por descontado el resultado y calificó el acuerdo como «el pacto de la vergüenza». El dirigente popular sostuvo que, pese a la investidura de una mujer como presidenta, el verdadero líder en la sombra «seguirá siendo José Tomé» y acusó a la portavoz socialista en la Diputación, Pilar García Porto, de actuar como encubridora. «El gobierno que nace hoy esta formado por un presunto acosador sexual y su encubridora», afirmó.
Por su parte, José Tomé evitó en todo momento convertirse en el foco de atención y, desde su llegada a la Diputación, mantuvo un perfil bajo, centrado en seguir mostrando su apoyo al PSOE. En una breve interacción con los medios, preguntado por las denuncias, se limitó a señalar que «ya habrá tiempo para hablar». «Ya diré cosas cuando sea el momento. Pero hoy es el día de Carmela y no quiero empañarlo con eso», aseguró.
Queda ahora por ver si Tomé mantiene esa lealtad silenciosa cuando lleguen las votaciones clave, si el bipartito PSOE-BNG es capaz de sostener su acción de gobierno sin convertir cada iniciativa en una prueba de resistencia y si los nacionalistas logran justificar ante su electorado un pacto que, en la práctica, los vincula al dirigente al que desde un primer momento quisieron vetar.