En la terminal de la política española suena la última llamada para embarcar en el vuelo que inicia el ciclo electoral. «Última llamada para el señor Pedro Sánchez, diríjase a la puerta de embarque». Pero el presidente del Gobierno no se da por aludido. La Moncloa se desvincula del ciclo electoral que vive España -Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía...- porque «Pedro no se presenta». Y buscan inflar una burbuja que los mantenga aislados de posibles malos resultados, como a día de hoy despuntan en las encuestas. La filosofía en el núcleo duro del jefe del Ejecutivo es que «el Gobierno no va a caer» y se conjuran para, dicen, no conceder al PP lo que quiere: convertir los comicios en los territorios en un plebiscito sobre el Ejecutivo.
Ante la hecatombe que ha protagonizado el PSOE en Extremadura, feudo tradicional socialista donde coleccionaba mayorías, el Gobierno tira de agenda social como baza para contrarrestar la bofetada. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto-ley (debe ser convalidado por el Congreso) que incluye la revalorización de las pensiones para 2026 y la prórroga durante el próximo año medidas de carácter social para colectivos con dificultades para cubrir necesidades energéticas y habitacionales, en el marco del llamado «escudo social» -prohibición del corte de suministros básicos, el bono social eléctrico y la moratoria para desahucios para familias vulnerables-.
Porque esa es la filosofía, «normalidad», un día más en la oficina, aunque los ciudadanos den la espalda al partido del Gobierno. Los augurios no son buenos para los socialistas, coinciden todas las encuestas y asumen ya muchos en el partido, pero no creen que este ciclo suponga un cuestionamiento del Gobierno. «Eso es lo que quiere el PP y no lo vamos a permitir», sostienen fuentes gubernamentales. «Quieren unas (elecciones) nacionales a través de las autonómicas y no se pueden usar las comunidades para desgastar al Gobierno. Es una irresponsabilidad». Los miembros del Ejecutivo consultados creen que esa estrategia supone un desprecio hacia los territorios, al verlos como algo instrumental. «Es no creer en el Estado de las autonomías».
En Extremadura, Miguel Ángel Gallardo no era un candidato del gusto de Sánchez. No era su candidato, de hecho, pues le puso una rival en las primarias que fue derrotada. Pero en Aragón y en Andalucía las candidatas son dos ministras y personas de su máxima confianza, Pilar Alegría y María Jesús Montero, lo que hace aún más difícil desligarse del resultado.
A la espera del dictamen de los ciudadanos, el mensaje que impulsa el Gobierno para contrarrestar el daño de las urnas es que si el PP y Vox crecen es porque la gente no tiene conciencia de lo que suponen sus políticas porque, dicen, hay un Gobierno progresista en La Moncloa. «No sufren las consecuencias de los gobiernos del PP y Vox» porque el Ejecutivo «está siendo una garantía para proteger esos derechos de los ciudadanos», expuso ayer Elma Saiz, que se estrenó como portavoz del Gobierno.
Es lo que quisieron visibilizar con la prórroga del «escudo social» y las ayudas al transporte. «Que los ciudadanos echen cuentas, porque las cuentas no son cuentos y serán conscientes de lo que es tener un gobierno progresista que atiende las necesidades de las personas», apostilló Óscar Puente, ministro de Transportes. «Quienes viven instalados en la ficción y el drama injustificado de que no se puede gobernar con una prórroga de los Presupuestos o sin una mayoría del Congreso, la realidad es que cada martes adoptamos medidas importantes».