Alrededor de ocho millones de alumnos protagonizan esta semana la vuelta a las aulas en toda España. Navarra ha sido la avanzadilla con el inicio de las clases el pasado viernes. Hoy le siguen los colegios de Madrid y el País Vasco y en los próximos días regresarán los estudiantes del resto de España, empezando mañana por Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Cantabria y Ceuta. Comienza un nuevo curso marcado por la inseguridad que sienten las familias de la ciudad autónoma tras la avalancha de inmigrantes; por el malestar de profesores de toda España ante la insuficiente respuesta de la administración para unos centros cada vez más diversos y complejos en su multiculturalidad, y por el tira y afloja entre el Gobierno y los sindicatos en la reforma de la carrera docente. También es característico de este nuevo curso el miedo de las autonomías a un empeoramiento de los resultados académicos en el informe PISA, el estudio educativo más famoso del mundo, que la OCDE publicará mañana martes.
Esta prueba, que evalúa las competencias de los estudiantes de 15 años de 91 países en Lectura, Matemáticas y Ciencias (a las que en esta convocatoria se añaden Lengua Extranjera y Competencia Digital), va a suponer toda una reválida a la política educativa del Gobierno de Pedro Sánchez y a la aplicación de la Lomloe o Ley Celaá por parte de las autonomías (12 de ellas, con gobiernos en los que está el PP).
En la edición anterior, la de 2022, el Gobierno culpó de la caída de los resultados -los peores de la historia en Ciencias y Matemáticas- al cierre de colegios por el Covid. Pero esta vez tendrá que asumir sus responsabilidades por una ley que desde 2020 ha rebajado la exigencia al permitir, entre otras cosas, pasar de curso y obtener el título de la ESO sin límite de suspensos. Además, la cohorte de edad evaluada para PISA 2025 ya ha estudiado durante dos cursos con el currículo de la Lomloe, que promueve la reducción de los conocimientos concretos para priorizar las actitudes y relega la memorización mientras fomenta las aplicaciones prácticas.
Todo apunta a que este modelo, sumado al posible efecto que ha podido tener la generalización de las pantallas en el aprendizaje, no ha contribuido a elevar nuestra posición en PISA, que en la edición pasada ya quedó por debajo del promedio de la OCDE en Ciencias, por debajo de la UE en Matemáticas y por debajo de ambas en Lectura. Los gobiernos autonómicos consultados por este periódico andan intranquilos porque en junio los encargados de PISA les facilitaron una orientación técnica con alguna información embargada sobre sus propios territorios. Las comunidades no están autorizadas a difundir los resultados antes de mañana a las 9.30 horas, pero varias de ellas han comentado en petit comité que no han mejorado, sin entrar en detalles.
«Estamos preocupados, nuestra estimación es que habrá una bajada generalizada y que volveremos a caer casi todas las comunidades autónomas, al igual que los países europeos, salvo excepciones», señalan fuentes de una autonomía que tradicionalmente ha tenido buenas notas. El pronóstico en otros gobiernos regionales es similar y hay ambiente de «nerviosismo» e «inquietud», según distintas fuentes, ante un nuevo pinchazo en esta prueba.
«Se espera un descenso importante en todas las comunidades y parece que tampoco la OCDE va a experimentar un rebote al alza», apuntan otras fuentes educativas. «Las hipótesis que se manejan son dos, compatibles entre ellas. La primera es que el cierre de colegios por el Covid haya cambiado la forma de ver la educación y aún queden algunas cicatrices: es probable que los alumnos arrastren lagunas porque los programas para recuperar la pérdida de aprendizaje no hayan sido efectivos. La segunda hipótesis es que una menor exigencia a los estudiantes, no sólo en España sino en otros países, provocada por haber dejado atrás la enseñanza tradicional de leer en papel, hacer ejercicios y dictados y escribir a mano, haya contribuido a empeorar los resultados. Este facilismo tendría el aroma de la Lomloe».
De todos los territorios de PISA, España es el país que tradicionalmente ha tenido una muestra de alumnos más abultada (alrededor de 30.000), porque cada una de las 17 autonomías interviene con una representación de estudiantes ampliada. Es, por tanto, de los que más paga por participar: el precio abonado por cada comunidad autónoma puede rondar los 200.000 o 300.000 euros, que se suma a una cantidad parecida que sufraga el Ministerio de Educación. Esto indica la importancia que en nuestro país se le da al estudio, que igualmente ha adquirido una gran relevancia social y mediática porque no ha habido hasta ahora otra evaluación estatal que permita hacer un diagnóstico del sistema y comparar los distintos territorios.
Todo ello produce presión a las autonomías, que hacen lo que pueden por salir lo mejor posible en la foto. Quien más lejos ha llegado ha sido Cataluña, excluida de esta edición por la OCDE por dejar fuera de la muestra al 23% de los estudiantes, precisamente los de peor rendimiento, cuando las normas no permiten una tasa de exención superior al 5%.
Ahora ya sabemos que el Departamento de Educación dio una charla a los directores de los centros para explicarles el tipo de alumnado que podían dejar al margen del examen: los recién llegados que no dominaban el catalán o los valorados por el profesorado como «con discapacidad intelectual», categoría donde se incluía no sólo a los que tenían discapacidad física y psíquica sino también «emocional», un concepto lo suficientemente ambiguo como para excluir a alumnos de todo tipo. Lo que no especificó la consejería es que esta exención no podía superar el 5%, así que los directores quitaron a todos los alumnos que consideraron.
El Ministerio advirtió hasta siete veces a la Generalitat, que no corrigió la situación. Tampoco desde Inspección se validaron las muestras, como se ha hecho en anteriores ediciones. A cambio, el Govern mantuvo el fallo oculto durante 15 meses hasta que este verano, justo antes de las vacaciones, lo dio a conocer culpando en un primer momento a los directores de los centros. El pasado 31 de agosto anunció la destitución de la número dos del Departamento y la apertura de un expediente a tres funcionarios. Los datos de Cataluña no saldrán en el informe internacional, pero sí en el informe español, junto a una nota a pie de página que indicará que no son representativos de la realidad. Si hubieran hecho la muestra correctamente, los datos serían peores.
El País Vasco es otra región que también ha intentado ensombrecer los datos. Ha reducido al «mínimo» el tamaño de la muestra, cuando tradicionalmente ha tenido la más amplia de toda España, lo que impide que se pueda ir al detalle en algunas cuestiones, como los efectos de la política lingüística. En esta edición han participado 56 colegios con 2.310 alumnos, según las Cuentas del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Es casi la mitad de centros y un 35% menos de alumnos en relación a PISA 2022.
Se da la circunstancia de que Cataluña y el País Vasco son las comunidades autónomas que más empeoraron en la pasada edición. En el caso del País Vasco, hizo un informe propio en PISA 2022, pero al final no quiso publicarlo. También decidió no participar más en el informe internacional PIRLS después de quedar en 2016 como la peor región de España. Es un apagón estadístico más sutil que el de Cataluña, pero que produce el mismo efecto: la ocultación del fracaso de dos sistemas educativos donde el aprendizaje se realiza mayoritariamente en una lengua distinta a la que el alumno habla en su casa. En un contexto demográfico donde cada vez hay más inmigrantes en las aulas que no dominan la lengua vehicular, PISA supone una bomba de relojería para la Administración.
Cataluña y el País Vasco han disparado de forma muy alarmante sus porcentajes de alumnos de 15 años que no alcanzan las competencias mínimas para desenvolverse en la vida, al tiempo que han reducido su tasa de alumnos brillantes. Es algo que ha ocurrido también en la mayoría de regiones y de países (salvo en los asiáticos). Finlandia, el paradigma de buen hacer educativo en los orígenes de PISA, allá por el comienzo de siglo, ha pasado de tener un 8% de alumnos de bajo rendimiento en 2009 a un 29% en 2022, mientras que los estudiantes sobresalientes finlandeses han caído del 22% al 9% en este tiempo, según alerta el filósofo y pedagogo Gregorio Luri, que explica que este problema se está produciendo también en España: «Uno de cada cuatro alumnos españoles está en las dos franjas inferiores de PISA 2022, lo que significa que no tienen las competencias mínimas, y esto es un desastre». La tendencia general de la mayoría de comunidades autónomas ha sido a aumentar el número de alumnos de bajo rendimiento mientras descendían los de alto rendimiento.
Todos los expertos saben que tener buenos profesores influye en los resultados de los alumnos, pero el Gobierno ha demorado todo lo que podido su reforma de la profesión. Y tampoco los partidos de la oposición han estado presentes en educación durante esta legislatura. Previsiblemente, y tras una bajada de las ratios en un proyecto de ley que ahora depende de un acuerdo en el Congreso, el Ministerio comenzará este mes a negociar la carrera docente, aunque nadie espera que la concluya porque estas reformas producen mucho desgaste y las elecciones están a la vuelta de la esquina. El malestar de los profesores, mientras, es más intenso que nunca y se avecina un otoño de protestas en Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, mientras CSIF ha llamado a movilizarse a nivel estatal. Para mañana se ha convocado huelga en las aulas catalanas.