- Cambios en la Renta para 1,2 millones de autónomos por el ajuste de cotizaciones
- El Gobierno sube las cuotas de los autónomos societarios en 1.620 euros para 2026
El Gobierno frena una proposición de ley que buscaba mejorar las condiciones de los autónomos mediante facilidades para acceder al cese de actividad y ajustes en el sistema de cotización. También el IVA franquiciado que Junts impuso como condición para apoyar el decreto anticrisis.
El Gobierno ha tumbado la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Junts que pretendía, entre otras cuestiones, introducir cambios en el sistema de cotización de los autónomos y aliviar los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad, conocida como el "paro" de los trabajadores por cuenta propia.
El texto contaba con el beneplácito de la principal asociación de trabajadores por cuenta propia del país, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), cuyo presidente, Lorenzo Amor, atacó duramente al Ejecutivo. "No tienen vergüenza. Maltratando a los autónomos", señaló.
Lo cierto es que la proposición podría haber superado el trámite en el Congreso de los Diputados y, más allá de su contenido, haber asestado un nuevo golpe al Gobierno en la Cámara Baja, donde sus apoyos son cada vez más frágiles. Por ello, y bajo su derecho constitucional a vetar cualquier propuesta o enmienda que suponga una disminución de los ingresos presupuestarios, el Ejecutivo ha decidido tumbar un texto que recogía algunas de las reclamaciones históricas del colectivo de trabajadores por cuenta propia.
En concreto, la proposición buscaba facilitar el acceso al cese de actividad a los autónomos tras el cierre de sus negocios, eliminando la actual obligación de acreditar la existencia de pérdidas económicas, técnicas, productivas y organizativas, uno de los principales escollos por las que la Seguridad Social deniega alrededor del 60% de las solicitudes.
Asimismo, el texto defendía una modificación en el sistema de cotización por ingresos reales vigente desde 2023, introduciendo cambios para reducir los plazos de las regularizaciones de cuotas -que suele concluir más de un año después de la finalización del ejercicio- o solucionar ciertos problemas identificados por el colectivo desde la puesta en marcha del sistema, como "sobrecotizaciones prolongadas" en subgrupos como los trabajadores en pluriactividad o los autónomos societarios, entre otros.
Por último, la propuesta de Junts incluía la introducción de una cuota obligatoria para autónomos y microempresas en la adjudicación de contratos públicos.
Sin IVA franquiciado por el momento
En paralelo, la proposición de ley también incluía la puesta en marcha del régimen de IVA franquiciado para los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros, que les permitiría quedar eximidos de retener y devengar el impuesto a Hacienda a cambio de no deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado en sus gastos, con el objetivo de "reducir drásticamente las obligaciones formales para quienes operan con volúmenes reducidos y mejorar su competitividad en precio".
Esta medida fue la condición que el partido independentista impuso al Gobierno para dar sus votos al decreto de respuesta a la guerra de Irán, por lo que podría tramitarse más adelante por separado, si bien las conversaciones sobre este asunto parecen paralizadas. Más aún, después de que Junts afirmase el jueves que desde el Ejecutivo "saben que serán incapaces de aprobar los Presupuestos esta legislatura" dando por hecho su negativa.
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