¿Qué nueva normativa ESG hay que cumplir en 2026?

• ANA MEDINA

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Las normas de sostenibilidad y gobierno amplían la transparencia sobre las operaciones. El Ibex debe tener este año un 40% de mujeres en el consejo.

El ejercicio de 2025 estuvo marcado por un entorno regulatorio cambiante y complejo, que se tradujo a finales de año en la aprobación del paquete Ómnibus I, cuyo objetivo es rebajar la carga burocrática y facilitar el cumplimiento de las normas de sostenibilidad por parte de las empresas, reduciendo al mismo tiempo la carga administrativa y fortaleciendo la competitividad de la UE.

La aprobación de este paquete supone el retraso en el tiempo en la implantación de algunas normas de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, especialmente en lo relativo a las directivas sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (que se aplicarán a partir de enero de 2027 para las empresas de mayor tamaño) y de Diligencia Debida (a partir de 2029).

Mientras, este año entran en vigor otras normativas aprobadas en el pasado y que impactarán en la actividad de las compañías.

La Ley española de representación paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de decisión establece que las empresas con mayor capitalización bursátil (Ibex) tienen hasta el 30 de junio de este año para cumplir con la exigencia de tener al menos un 40% de miembros del consejo de administración del sexo menos representado, generalmente el femenino. El resto de cotizadas tienen hasta el 30 de junio de 2027 para cumplir con ella.

Entidades

Se aplicará también gradualmente a los consejos y a la alta dirección de las entidades de interés público, que deben alcanzar un porcentaje del 33% del sexo menos representado el 30 de junio de este año, y del 40% el 30 de junio de 2029.

Las mujeres ya suponen más del 40% de los consejos del Ibex. Siete compañías todavía no cumplen ese porcentaje, aunque superan el 30%.

Este año son de aplicación varias normas medioambientales claves, centradas en la descarbonización industrial y la economía circular. Destacan el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), ya en vigor de forma definitiva, y el Reglamento de Envases y Residuos.

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) es una herramienta diseñada para garantizar que los bienes importados con alta intensidad de carbono están sujetos a los mismos costes de carbono que los productos fabricados dentro de Europa. Afecta directamente a los fabricantes de fuera de la UE, que deben suministrar datos sobre el carbono para apoyar el cumplimiento y actualmente se aplica a las importaciones de bienes en seis sectores (cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno), seleccionados por sus elevadas emisiones de gases de efecto invernadero y el riesgo de fuga de carbono.

El Reglamento de Envases y Residuos será de aplicación directa en la UE a partir de agosto. Impone estrictos requisitos de diseño ecológico, reciclabilidad y etiquetado para reducir residuos. Las empresas deben adaptar sus envases, limitar el uso de plásticos, eliminar sustancias químicas artificiales (PFAS) en los envases alimentarios y mejorar su reutilización.

Los Estados también decidieron ampliar el plazo para cumplir con el Reglamento de Deforestación de la UE, dando un año más a las empresas para prepararse. Este reglamento regula la diligencia debida en los productos forestales y exige demostrar que productos como café, cacao, soja, madera y palma no proceden de tierras deforestadas. Los grandes operadores y comerciantes tendrán que aplicarlo necesariamente a partir de 30 de diciembre de 2026, mientras que las pequeñas empresas (menos de 50 empleados y facturación anual derivada de la comercialización de los productos concernidos inferior a 10 millones de euros) deberán cumplir la normativa desde el 30 de junio de 2027.

Transposición

En el capítulo de la normativa pendiente para este 2026 figuran la Directiva de Greenwashing, ya aprobada y a la espera de su traslado a la legislación española. Los distintos países de la UE deberán incorporar el contenido de esta Directiva a su normativa nacional antes del 27 de marzo, para poder aplicarse a partir de septiembre de 2026, fecha en la que podrán imponerse sanciones o exclusiones de contratos por incumplimiento. Esta norma refuerza la protección frente a prácticas comerciales engañosas, prohibe declaraciones medioambientales vagas o genéricas sin respaldo verificable y exige información clara sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos antes de la compra.

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