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Madrid no acudirá al Consejo de Política Fiscal y Hacienda le acusa de practicar "gamberrismo".
En uno de sus momentos más débiles de la legislatura por el colapso de Ceuta, el Gobierno trata de retener el apoyo de sus aliados nacionalistas impulsando la polémica reforma del sistema de financiación autonómica que alumbra un reparto de recursos aún más favorable a la Generalitat catalana. Es conocido el rechazo del resto de ejecutivos regionales a la propuesta elaborada por la exministra de Hacienda María Jesús Montero al dictado de Oriol Junqueras, líder de ERC, y a espaldas de las demás comunidades autónomas, a las que se les ofreció posteriormente como un plato ya precocinado.
También el actual titular del Ministerio, Arcadi España, lo ha hecho propio, motivo por el que todos los dirigentes regionales del PP y del PSOE, a excepción de Salvador Illa, han mantenido su rechazo taxativo. Lo dejarán patente de nuevo hoy durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que, gracias al respaldo de la Generalitat catalana, Moncloa conseguirá el aval de un foro en el que el Gobierno tiene el 50% de los votos.
Hacienda ha logrado además ganarse al Ejecutivo canario incrementando de manera discrecional los recursos que recibirá en adelante, pero no a las demás comunidades, que no sólo rechazan una asignación de fondos que consideran injusta y desequilibrada, sino también el hecho de haber sido excluidas de las negociaciones para actualizar el sistema financiación de las Administraciones territoriales después de 14 años de retraso.
Para hacer más patente su oposición a una propuesta que según denuncian rompe la igualdad entre los habitantes de las autonomías que forman parte del régimen común, la Comunidad de Madrid, que es la mayor contribuyente a las arcas del Estado y a los mecanismos de solidaridad entre regiones, no acudirá a la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un plante que desacredita el descarado intento del Gobierno de Sánchez de dar apariencia de normalidad institucional a lo que no es más que otra concesión vergonzante a sus aliados separatistas y ante el que algunas comunidades plantearon aplazar la votación de la reforma, a lo cual se negó el Ministerio.
Para más inri, Hacienda replicó al anuncio del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de que no acudirá a una reunión en la que el resultado ya está prefijado de antemano acusándole de practicar "gamberrismo institucional". Una dureza que nunca ha empleado ante los reiterados órdagos de los partidos independentistas.
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