- DANIEL RODRÍGUEZ ASENSIO.
Estados Unidos se encuentra en el foco internacional desde hace varios meses. Primero fue el reequilibrio de su política comercial; después la apuesta por la inteligencia artificial y, más recientemente, modificaciones sustanciales en su posicionamiento geopolítico y en el equilibrio de poderes a través de la política de Defensa. Más allá de estos grandes titulares, se están produciendo reformas estructurales con implicaciones relevantes para la evolución económica del país en el medio y largo plazo.
La economía estadounidense parte de una posición estructuralmente favorable en términos de competitividad. Su mercado laboral es uno de los más flexibles del mundo desarrollado, con bajos costes de despido, elevada movilidad y un marco regulatorio que facilita la contratación. A ello se suma un sistema fiscal orientado a incentivar la inversión y el ahorro, con un Impuesto de Sociedades del 21% -claramente por debajo de la media de la OCDE- y amplios mecanismos de amortización acelerada para la inversión empresarial. En el ámbito financiero, el país cuenta con el mercado de capitales más profundo y líquido del mundo. Además, lidera los ránkings globales en creación de empresas tecnológicas, atracción de capital riesgo y desarrollo de infraestructuras digitales.
Sobre esta base ya competitiva, se están introduciendo reformas orientadas a reforzar la eficiencia del sistema financiero, acelerar la digitalización de la economía y reconfigurar el papel del Estado en la regulación de los mercados que merece la pena analizar
Desregulación del sector bancario: flexibilización prudencial y reorientación supervisora
Uno de los principales ejes de la agenda económica del último año ha sido la revisión del marco prudencial aplicado a las grandes entidades financieras, con especial atención a la Supplementary Leverage Ratio (SLR). Esta ratio exige a los bancos sistémicos mantener un nivel mínimo de capital frente a sus activos totales, con independencia de su ponderación por riesgo.
El Departamento del Tesoro, en coordinación con la Reserva Federal, ha impulsado ajustes para excluir parcialmente del cálculo de la SLR activos considerados de bajo riesgo, como las reservas depositadas en la Fed y determinados tramos de deuda pública estadounidense. Esta modificación reduce la presión regulatoria sobre los balances bancarios y libera capacidad para aumentar la intermediación crediticia, la negociación de bonos del Tesoro y la financiación de grandes proyectos corporativos sin necesidad de ampliar capital.
Paralelamente, la Financial Stability Oversight Council (FSOC) ha modificado sus prioridades supervisoras, reduciendo el peso de criterios cualitativos como el denominado "riesgo reputacional". Bajo el enfoque anterior, determinadas actividades -como la financiación de sectores políticamente sensibles- podían generar presión regulatoria incluso sin implicaciones claras para la estabilidad financiera. La nueva orientación limita la intervención a riesgos cuantificables de solvencia, liquidez y contagio sistémico, otorgando mayor margen de actuación a las entidades en sus decisiones estratégicas.
Asimismo, se han simplificado los requisitos de reporte, stress tests y gestión de liquidez para bancos medianos y regionales. Se han reducido las obligaciones de información trimestral, los escenarios de estrés regulatorio y ciertas exigencias de capital para entidades sin riesgo sistémico.
En conjunto, estas reformas no eliminan el marco de supervisión heredado de la crisis de 2008, pero sí suponen un cambio de énfasis: de la contención del riesgo sistémico hacia la maximización de la capacidad de intermediación financiera y la competitividad del sistema bancario estadounidense.
La Ley GENIUS: marco federal para 'stablecoins' y giro estratégico en activos digitales
Otro cambio relevante ha sido la aprobación de la Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act) en julio de 2025. Esta ley establece por primera vez un marco federal claro para la emisión y supervisión de stablecoins respaldadas en dólares.
Hasta ese momento, el sector operaba bajo una fragmentación regulatoria entre agencias federales y estatales, con elevada incertidumbre jurídica. La Ley GENIUS introduce tres pilares: 1) requisitos de reserva y transparencia, 2) supervisión federal homogénea, y 3) refuerzo de la protección al consumidor. Los emisores deben respaldar sus monedas con activos líquidos de alta calidad, someterse a auditorías periódicas y cumplir obligaciones estrictas de custodia e información.
Desde un punto de vista estratégico, la norma busca consolidar el papel del dólar en los sistemas de pago digitales y evitar que stablecoins extranjeras ganen tracción internacional. En paralelo, el Gobierno firmó la Executive Order 14178, que prohíbe la creación de una moneda digital de banco central (CBDC) para uso general. Este enfoque marca una diferencia clara con la estrategia de la Reserva Federal bajo la Administración anterior, que había explorado activamente la viabilidad de un dólar digital.
'Tokenización' de la economía: de concepto financiero a política pública
La tokenización de activos reales -la conversión de instrumentos financieros, inmuebles, materias primas o deuda en tokens digitales negociables en blockchain- ha pasado de ser una iniciativa experimental a convertirse en una prioridad regulatoria y estratégica.
Durante 2025, el Departamento del Tesoro y otras agencias federales publicaron guías para clarificar la clasificación legal de los activos tokenizados y facilitar su integración en los mercados financieros existentes. El objetivo es permitir que bonos, fondos inmobiliarios o participaciones empresariales puedan negociarse en formato digital sin quedar en un vacío normativo.
El mercado de activos del mundo real tokenizados superó los 25.000 millones de dólares en valor en 2025, impulsado por proyectos de tokenización de deuda privada, bienes raíces comerciales y fondos de inversión. Aunque la liquidez sigue siendo limitada, la tendencia apunta a una expansión progresiva como alternativa a los mercados tradicionales. Paralelamente, se han eliminado o suavizado normas que obstaculizaban el desarrollo de plataformas DeFi reguladas, con el objetivo de atraer innovación financiera a territorio estadounidense.
Política industrial y control regulatorio en activos digitales
El enfoque estadounidense contrasta con el modelo chino, donde la regulación de la tecnología financiera funciona como herramienta de control industrial. En China, las autoridades imponen requisitos de certificación local, auditoría de algoritmos y almacenamiento doméstico de datos. En Estados Unidos, el énfasis se ha puesto en proporcionar claridad jurídica sin imponer barreras estructurales al desarrollo del sector.
La política de activos digitales se complementa con una estrategia más amplia de reindustrialización tecnológica, apoyada en el CHIPS and Science Act. Esta ley destina 52.700 millones de dólares en subsidios directos a la fabricación de semiconductores y créditos fiscales del 25% para inversiones en equipamiento. El objetivo no es solo económico, sino estratégico: reducir la dependencia de Asia oriental, especialmente de Taiwán, donde se produce más del 80% de los chips avanzados utilizados en sistemas de inteligencia artificial.
Las reformas estructurales en marcha en Estados Unidos no son coyunturales. Afectan a la arquitectura del sistema financiero, al papel del dólar en la economía digital y a la posición del país en la carrera tecnológica global. La combinación de desregulación bancaria, nuevo marco para stablecoins, impulso a la tokenización y política industrial en semiconductores configura un modelo orientado a reforzar la competitividad, la innovación privada y la autonomía estratégica. Su impacto se extenderá más allá del ciclo político actual, condicionando la evolución de los mercados de capitales, la banca y las finanzas digitales durante la próxima década.
Daniel Rodríguez Asensio. Economista y consultor estratégico
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