Sumar mantiene las espadas en alto con las políticas de vivienda del Gobierno de coalición. El socio minoritario insiste en rechazar la medida estrella anunciada ayer por Pedro Sánchez, el bonificar al 100% en el IRPF a los propietarios que no suben el alquiler, y defiende con ahínco la fórmula de forzar una prórroga automática de los contratos actuales para que los caseros no puedan subir los precios. Son unos 630.000 los que tienen que renovarse a lo largo de 2026 y eso afecta a 1,6 millones de personas por toda España.
En este choque entre socios del Gobierno, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha intentado desbaratar la excusa jurídica de La Moncloa para no abordar esa renovación forzosa. El sector socialista se agarra a que esta medida sería inconstitucional, según un informe hecho por la Abogacía del Estado, y que, por tanto, no se podría hacer. Lo que, según esta versión, deja como única salida el incentivo fiscal para congelar los precios.
Sin embargo, Bustinduy rechaza de plano esta premisa. "La mejor demostración de que es una medida plenamente constitucional y eficaz es que el Gobierno de coalición la ha aplicado en ocho ocasiones desde el año 2020. Ocho veces", ha destacado.
En declaraciones a los medios en el Ministerio de Derechos Sociales y en un hilo en la red social Bluesky, ha recordado esas ocho veces fueron en pandemia y por la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. "Una guerra que no ha concluido todavía", ha apostillado.
Para Bustinduy, la prórroga de los alquileres en los términos que plantea Sumar tiene "todas las garantías legales" y "no hay ninguna disputa jurídica". Da tres argumentos jurídicos para rebatir al PSOE. El primero, que no es una figura nueva, porque ya se ha hecho antes. "Y en ninguna de esas ocho ocasiones", ha ahondado el ministro de Sumar, el Tribunal Constitucional "se ha pronunciado en contra".
En segundo lugar, asegura que "no vulnera el derecho de propiedad" del artículo 33 de la Constitución porque se pide "una delimitación temporal" debida a la "función social" de la vivienda. Es aquí donde explicita que el Defensor del Pueblo "ya avaló" por esta vía las otras prórrogas extraordinarias.
El tercer argumento es que se trata de una "competencia estatal" y no autonómica. Porque "el artículo 149 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil, incluyendo el arrendamiento urbano". Por tanto, sostiene que la medida "no corre el riesgo de ser anulada por razones competenciales".
En sentido, defiende la prórroga automática y asegura que la crisis de vivienda de una "magnitud" por sí misma "que justifica una intervención de emergencia por parte del Gobierno en cumplimiento de sus competencias constitucionales". "Por tanto, se dan todas las circunstancias para poderlo hacer. Ya se ha hecho en el pasado, ha funcionado en el pasado y por tanto creemos que es la medida idónea para poder abordar esa gran crisis que afrontan 1,6 millones de personas este año, casi tres millones contando el año que viene", ha remarcado Bustinduy, para quien "cuenta con todos los avales y que es una medida factible, eficaz y de eficacia demostrada en el tiempo".
El ministro de Derechos Sociales, que ha recibido hoy a la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) para hablar de vivienda, ha ahondado en otros argumentos económicos para rechazar la bonificación a los caseros. Ha asegurado que los propietarios tienen una renta media de 23.000 euros más que los inquilinos. "Tienen un 82% más de recursos que quienes viven de alquiler en este país. En algunas comunidades autónomas esa diferencia es del doble", ha dicho. Por eso, ha defendido que no se les puede "premiar" con más dinero por no subir los precios.
Pese a la presión de Sumar, en La Moncloa mantienen su propuesta de desplegar a través del IRPF un sistema de incentivos fiscales dirigido a los propietarios con el objetivo de poner freno a la subida de los precios en las renovaciones del alquiler. "No nos planteamos retirarlo. Es una medida que ha anunciado el presidente del Gobierno". Consideran que es la herramienta más rápida y efectiva que tienen en estos momentos para tratar de contener los precios. Frente a la exigencia del socio minoritario de la coalición, en el ala socialista del Ejecutivo argumentan que cuentan con un informe de la Abogacía del Estado que concluye que sería inconstitucional la prórroga de los alquileres.
Con motivo del impulso de la Ley de Vivienda hicieron la consulta sobre la posibilidad de intervenir a nivel estatal el precio de los alquileres, recibiendo como respuesta que la vivienda es una competencia autonómica y que llevar a cabo esa medida sería una invasión de competencias y, por tanto, inconstitucional. De ahí que en la normativa que elaboró Vivienda sólo se contemple ese tope al alquiler cuando se decretan zonas tensionadas, durante un tiempo determinado y de acuerdo con la comunidad. Para no entrar en un choque de competencias.
"La fiscalidad es la forma de jugar en el merrcado más segura que tenemos", exponen a este diario fuentes gubernamentales. "Lo que aprobemos será dentro de la Constitución y dentro de la ley", ha expuesto Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, tras la reunión del Consejo de Ministros, dejando entrever de manera pública que la exigencia de su socio no tiene cabida dentro de la Carta Magna, pese a que se ha hecho en ocasiones anteriores. "Nosotros estamos dipuestos a proponer cosas viables y lo que se pide nos han dicho que no es viable".
Además, en el sector socialista del Ejecutivo recuerdan que la Ley de Vivienda ya contemplaba incentivos fiscales y que entonces desde Sumar no hicieron objeciones.