El español Miguel Virgós ha sido designado presidente del arbitraje planteado por el fundador de LetterOne, propietario de los supermercados Dia, contra Reino Unido por la congelación de sus activos. El litigio se suma a otros frentes abiertos contra Países Bajos y Luxemburgo por las sanciones impuestas a Rusia.
Un jurista español asume un rol clave en uno de los pleitos más mediáticos por las sanciones internacionales impuestas a Rusia. El árbitro Miguel Virgós ha sido designado presidente del tribunal arbitral que resolverá la demanda del multimillonario ruso-israelí Mikhail Fridman contra Reino Unido por la congelación de sus activos en el país. Fridman dejó en 2022 su puesto en el consejo de administración de LetterOne, propietario de los supermercados Dia, tras ser incluido en una lista de empresarios y oligarcas sancionados por sus presuntos vínculos con la administración de Vladimir Putin.
El propio Gobierno británico confirmó la existencia de esta reclamación en noviembre del año pasado, a través de una declaración del ministro Chris Bryant. Reino Unido incluyó a Fridman en su lista de sanciones en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, al principio por su presunta cercanía a Putin y su condición de "oligarca pro-Kremlin". Más adelante, el Ejecutivo británico amplió la justificación citando sus cargos de administrador en varias sociedades del sector financiero que, a su juicio, revestían "importancia estratégica" para el Gobierno ruso.
Entre los activos de Fridman en Reino Unido destaca una mansión valorada en 65 millones de libras en el norte de Londres, una colección de arte de 44 millones de libras, la cadena de retail de salud y bienestar Holland & Barrett y una participación en la petrolera Harbour Energy.
La oficina británica de sanciones financieras (OFSI) le dio licencias para realizar determinados pagos, aunque en 2023 el Tribunal Superior de Londres rechazó su recurso contra la negativa del organismo a conceder licencias adicionales. Después de que Reino Unido presentase objeciones sobre la competencia del tribunal para pronunciarse sobre la materia, la vista sobre jurisdicción y fondo del asunto está fijada para mayo de 2027.
Jurista español
Miguel Virgós, exresponsable de práctica en Uría Menéndez y catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido designado presidente del tribunal arbitral que dictará el laudo, constituido bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral).
Junto a Virgós, el tribunal lo completan la académica serbia Maja Stanivuković, designada por Fridman, expresidenta del Centro de Arbitraje de Belgrado y árbitra discrepante en el laudo que condenó a Rusia a pagar 5.000 millones de dólares a la ucraniana Naftogaz por la expropiación de sus activos en Crimea, y la árbitra estadounidense Jean Kalicki, elegida por Reino Unido, exsocia de Arnold & Porter que ejerce en la actualidad de forma independiente.
El equipo legal de Fridman está encabezado por el exfiscal general de Reino Unido Geoffrey Cox, junto con letrados de Twenty Essex, el despacho ruso Dyakin Gortsunyan and Partners, Gherson Solicitors en Londres y el francés Kiejman & Marembert. Reino Unido, por su parte, ha confiado su defensa a un equipo de Freshfields.
Arbitrajes contra Luxemburgo y Países Bajos
El arbitraje contra Reino Unido no es el único frente abierto por Fridman a raíz de las sanciones internacionales. El empresario mantiene reclamaciones similares contra Luxemburgo y Países Bajos por la congelación de sus activos en ambos países, y recurre en los tres casos al mismo equipo de letrados. Estos dos procedimientos están administrados por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya. La sede del arbitraje es Hong Kong (China) para el procedimiento contra Luxemburgo, y se trata de Emiratos Árabes Unidos para el de Países Bajos.
En el caso de Luxemburgo, Fridman reclama una compensación por daños y perjuicios relacionados con sanciones sobre activos por valor de 15.800 millones de dólares. El despacho A&O Shearman defiende a Luxemburgo, mientras que Países Bajos ha encargado su defensa a la firma neerlandesa De Brauw Blackstone Westbroek.
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