"¿Contempla la posibilidad de que el PSOE termine imputado como persona jurídica en alguno de los casos que están abiertos en torno a sus siglas?", lanzó hace ahora una semana Aimar Bretos a Pedro Sánchez en la entrevista que el presidente del Gobierno concedió a Cadena Ser. El jefe del Ejecutivo no respondió al interrogante planteado -no dijo que lo contemplara, pero tampoco que lo descartara-, aunque sí matizó: "La imputación no es una condena".
Estas palabras adquieren mayor trascendencia leídas en contexto. Se producen a las puertas de un otoño judicial en el que siguen en curso las investigaciones de los casos de corrupción que rodean al Gobierno y al PSOE, con los pagos en efectivo de Ferraz siendo objeto de indagación en la Audiencia Nacional y a la espera de avances en el caso cloacas, donde el partido se enfrenta a esa posible imputación como persona jurídica por la que se preguntó a Sánchez. Todo considerando que lo que suceda en el plano judicial tendrá ecos en el político: son varios los socios de los socialistas, incluido Sumar, que han trazado su línea roja para sostener al Gobierno en que el rastro de corrupción que señala a José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Leire Díez y otros no se haga extensible al PSOE como partido.
Así lo fijó la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y aún hoy principal rostro del socio minoritario, Yolanda Díaz, que hace un año advirtió: "Esto tiene un límite, que es su extensión al PSOE". Lo dijo tan solo dos días después de la entrada en prisión provisional de Cerdán, y entonces también deslizó que si hay indicios de financiación irregular en Ferraz, Sumar saldría del Gobierno.
Con este escenario como telón de fondo, en su reaparición pública tras las vacaciones, Sánchez ya trató de rebajar la trascendencia que tendría una hipotética imputación del PSOE. "Yo veo que se imputa por ejemplo a personas [como] la presidenta de la SEPI, la directora general de la Guardia Civil, al DAO de la Guardia Civil...", reflexionó el presidente en voz alta, señalando que, "en todo caso", para él, "son cuestionables". "Por eso defiendo su inocencia y su integridad", ahondó Sánchez, en una tesis que, mediante la puesta en duda del movimiento, supone restar peso al hecho de que un tribunal decida investigar a una persona.
Lo que sí insistió en recalcar el jefe del Ejecutivo es que el PSOE "no se ha financiado irregularmente". "Sobre la imputación o no del PSOE, estamos muy tranquilos. El PSOE no se ha financiado de manera irregular", expuso a su vez la portavoz socialista, Montse Mínguez, que, como había hecho antes Sánchez, evitó aclarar si en el partido trabajan con la hipótesis de una posible imputación. La consigna es, pues, insistir en sostener que no hubo en Ferraz la financiación irregular por la que los socios, más allá de Sumar, romperían lazos con el Gobierno.
"Tenemos una línea roja, relacionada con la financiación ilegal", sostuvo en junio la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, que aclaró que "por ahora hay personas que han hecho cosas". Gabriel Rufián, su homólogo en ERC, había dicho también días antes que pediría elecciones si existe una "sentencia firme" por financiación ilegal del PSOE, mismo límite que fija el PNV: que se acredite la corrupción. "Si se dieran casos de financiación del partido irregular, evidentemente eso habría que sustanciarlo en términos políticos", dijo por su parte hace unos días el líder de Bildu, Arnaldo Otegi. Así, el matiz de la condena que introducen muchos de los socios, como hizo Sánchez, le da oxígeno ante una hipotética imputación del partido: rebaja su trascendencia, como intentó hacer el presidente.