La compañía alemana Beumer demanda a la Comisión Europea por negarse a examinar una operación clave en el sector de la logística aeroportuaria: la adquisición de Siemens Logistics por parte de Vanderlande, filial de Toyota, por 300 millones en 2025.
Conflicto en torno a una operación clave para el sector de los sistemas de gestión de equipajes en los aeropuertos mundiales. El Tribunal General de la Unión Europea ha admitido a trámite el recurso del grupo alemán Beumer, que busca anular la decisión de la Comisión Europea de no intervenir en una transacción que involucra a dos competidores directos: la compra de Siemens Logistics por parte de Vanderlande, filial del gigante japonés Toyota.
La operación, que se ejecutó formalmente en 2025 y está valorada en alrededor de 300 millones de euros, podría haber eludido los controles de competencia. Beumer sostiene que esta consolidación deja el mercado mundial de la gestión de equipajes en manos de solo dos grandes competidores, al suponer la desaparición de uno de los tres principales proveedores mundiales de tecnología ICS (sistema de transporte individual, por sus siglas en inglés).
Esta tecnología, que se utiliza en aeropuertos y centros de logística para la gestión automatizada de equipajes o mercancías, permite que cada maleta se asigne a un carro o bandeja individual desde el origen hasta el destino. Se trata de un sector crítico para el funcionamiento de los hubs aeroportuarios.
Antecedentes
En 2025, la autoridad de competencia alemana (Bundeskartellamt) inició una investigación exhaustiva ante los riesgos detectados en la operación. Sin embargo, Vanderlande retiró la notificación y ejecutó un carve-out para excluir el negocio alemán de la compra. En la práctica, esto hizo que sortease el control de concentraciones germano. Apenas dos días después, la filial de Toyota cerró de forma definitiva la operación en el resto del mundo.
En abril del año pasado, las autoridades de competencia de Portugal y España solicitaron a Bruselas que asumiera la investigación, argumentando que el organismo comunitario estaba mejor posicionado para analizar el impacto de la transacción sobre un mercado cuya dimensión es transfronteriza.
No obstante, la Comisión Europea rechazó esta petición el 13 de mayo de 2026 alegando que la operación se ejecutó hace más de un año. Aunque reconoce que la transacción afecta al tráfico intracomunitario, la Comisión se escuda en su margen de discrecionalidad y alude al artículo 22 del Reglamento Europeo de Concentraciones, algo que apenas había ocurrido en cuatro ocasiones en los últimos 30 años.
El pasado 17 de julio Beumer llevó esta decisión ante el Tribunal General de la UE, que ya ha admitido a trámite la demanda. El grupo alemán, que está asesorado en el procedimiento por el despacho español Callol, Coca & Asociados, sostiene que la Comisión incurrió en un error manifiesto al utilizar como excusa el tiempo transcurrido, ya que el retraso habría sido provocado porque las empresas no notificaron la operación a tiempo en España y Portugal.
Asimismo, Beumer argumenta que la Comisión no cuenta con margen de discrecionalidad para rechazar una solicitud de revisión cuando los reguladores nacionales carecen de herramientas para evaluar operaciones que afectan a un mercado global.
Luz verde por parte de la CNMC
Mientras la pugna legal escala en Europa, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) despejó el pasado 29 de julio el camino para la operación en suelo español. El regulador autorizó el acuerdo en primera fase, en una resolución que llegó apenas tres meses después de que la propia CNMC reenviase la transacción a la Comisión Europea. En Portugal, las autoridades mantienen abierta su investigación a la espera de la resolución del Tribunal General de la UE, que podría obligar a la Comisión a pronunciarse sobre la operación.
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