- JAVIER AYUSO
El líder socialista está acorralado por la investigación judicial y por las declaraciones de sus "amigos", que han decidido "hacer un Aldama".
El procedimiento abierto contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dio un giro, más que esperado, este domingo, cuando dos de sus compañeros de imputación (los dos Julios) decidieron colaborar con la Justicia. En sendos escritos enviados al magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, señalaban al líder socialista como jefe de la trama, de quien recibían las órdenes, y como receptor del 1% de comisión por el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra.
Toda la estrategia de defensa de Zapatero ha caído como un castillo de naipes, al igual que todas sus declaraciones exculpatorias. Y, lo que es peor, la imputación contra sus dos hijas, Alba y Laura, recibe un serio empujón tras declarar Julio Martínez, Julito, el amigo y presunto testaferro del expresidente, que siguió pagándoles una iguala de 5.000 euros mensuales cuando ya no hacían trabajo alguno para él. A día de hoy, pesan sobre el que fuera el "faro ético y moral del PSOE" cuatro posibles delitos: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.
Desde el momento de su imputación, el Gobierno, encabezado por su presidente y seguido de varios ministros y altos cargos socialistas, salió en defensa de su inocencia. "Confío en que dará las explicaciones pertinentes, hay que defender su presunción de inocencia", repetían la misma frase del argumentario salido de La Moncloa. Pusieron su propia credibilidad en manos de la palabra de Zapatero, pese a los serios indicios delictivos que pesaban desde el principio sobre él. Le consideraban un hombre honrado, incapaz de cometer las tropelías de las que le acusaban. Eso decían en público, aunque más de uno de sus compañeros empezó a dudar de su inocencia a medida que pasaban los días y no era capaz de explicar de dónde vinieron las joyas que encontraron en su caja fuerte en la calle de Ferraz por valor de 1,3 millones de euros. Aunque las joyas son hoy su menor problema.
Lo sorprendente es que esta misma semana, tras el escrito y la declaración de Julito ante el juez, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, volviera a insistir en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en que "seguimos creyendo en la inocencia del expresidente". Aunque curiosamente añadió una frase defensiva ante lo que se podría derivar de la acusación contra Zapatero. Defendió con ardor la decisión del Gobierno de rescatar a Plus Ultra con 53 millones de euros, "una operación que fue avalada por la Sepi y revisada por el Juzgado número 15 de Madrid, por la Comisión Europea y por el Tribunal de Cuentas", dijo. "La actuación del Gobierno en la concesión de ese rescate fue la correcta". Habrá que verlo.
Como en otros casos recientes de corrupción que afectan al Ejecutivo, al PSOE y a familiares de Pedro Sánchez, desde La Moncloa se insiste con vehemencia en la inocencia de los acusados; en algunos casos incluso cuando ya están condenados. En esta ocasión se sigue la misma estrategia, aunque la gravedad de las acusaciones que pesan sobre José Luis Rodríguez Zapatero va mucho más allá que los casos de José Luis Ábalos o Santos Cerdán, ya de por sí gravísimos.
La realidad es que, si se confirman las acusaciones contra el expresidente del Gobierno y del PSOE, habrá que investigar quién o quiénes participaron en ese tráfico de influencias dentro de la Administración del Estado o del propio Consejo de Ministros. ¿A quién acudió Zapatero para asegurarse el rescate a la aerolínea venezolana y cobrar los 530.000 euros de comisión? O, como ironizó el martes el juez Calama, "les pagaron por no hacer nada".
El líder socialista está acorralado por la investigación judicial y por las declaraciones de sus "amigos", que han decidido "hacer un Aldama" para intentar que se rebajen sus penas ante una eventual condena. Todo lo que ha dicho Zapatero en el juzgado, en el Senado y en sus mensajes en redes sociales está ahora en entredicho. La declaración de Julito confirma los indicios apuntados en los informes de la UDEF y el escrito de Julio Martínez Martínez, expresidente de Plus Ultra, valida las pruebas que el abogado del líder socialista pretendía invalidar.
El problema es que el nuevo giro que ha dado el caso arrastra al PSOE, al Gobierno y a su propio presidente. Ya era gravísimo que sus personas de máxima confianza, Ábalos y Cerdán, estuvieran condenados o imputados por varios casos de corrupción, pero no hay nada comparable con las acusaciones que pesan sobre su auténtico referente, con el que se veía periódicamente y al que encargaba los trabajos más complicados hasta anteayer. Resulta increíble que Zapatero no aprovechara para sus presuntos negocios delictivos al servicio exterior español o a altos cargos de diversos ministerios. Los nervios de María Jesús Montero, exvicepresidenta y exministra de Hacienda (responsable de la Sepi y, por lo tanto, del rescate investigado) en su comparecencia pública del pasado martes, son una muestra más de que el caso puede explotar en la propia mesa del Consejo de Ministros.
Ayer, el líder de la oposición metió el dedo en la llaga al hacer balance del curso político. "Sin Sánchez, Zapatero no hubiera podido delinquir", dijo Alberto Núñez Feijóo. "Es el nexo corruptor de todas las tramas que afectan a los socialistas". Los que siguen mirando para otro lado son los socios y aliados del PSOE en el Gobierno, que cada vez retrasan más las supuestas líneas rojas para dejar de apoyarles en el Congreso de los Diputados. Lo que no hacen en este caso es acusar de lawfare a la Audiencia Nacional. Sería demasiado vergonzante.
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