Placas fotovoltaicas «sin justificación» en Zona de Alto Interés de la Red Natura 2000. «Impacto» directo sobre dos hábitats naturales de «interés comunitario», con especies protegidas, superando «tres veces» lo permitido. Una notificación obligatoria a Portugal que jamás se hizo...
O, como concluye el propio fiscal de Medio Ambiente, en el informe al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO: una resolución «manifiestamente contraria a la normativa nacional y europea de protección ambiental, que se aparta groseramente de los objetivos de conservación ambiental de los hábitats y espacios protegidos, y que favorece arbitrariamente el interés del promotor».
La actual directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Marta Gómez Palenque, y quien fuera su subdirector en tiempos de la ministra Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, se sientan hoy a declarar como investigados en el juzgado 41 de Plaza de Castilla por presunta prevaricación, acusados por Fiscalía con las durísimas palabras antedichas.
Su supuesto delito, aún en fase de instrucción: permitir, con su anuencia administrativa mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, que se instalara en la localidad de Alcántara (Cáceres)un enorme parque fotovoltaico de 380 megawatios, denominado FV Tagus, planeado y ejecutado por Iberdrola -el «promotor» a quien se favorece «arbitrariamente» según el fiscal-, que contraviene gran parte de la normativa de protección medioambiental.
La prevaricación -adopción de una resolución ilegal a sabiendas de ello- denunciada por la ONG Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) y respaldada de forma estruendosa por Fiscalía, habría tenido lugar a la aprobación de la DIA positiva, el 23 de enero de 2023. La última responsable de Calidad y Evaluación Ambiental era entonces la misma que ahora, la ingeniera Gómez Palenque.
Se da la circunstancia de que el subdirector ministerial imputado es Eugenio Domínguez, quien como ya publicó EL MUNDO en diciembre pasado ha sido acusado de favorecer a Forestalia, otra de las empresas promotoras de parques de energías renovables, con declaraciones de impacto ambiental irregularmente positivas, esta vez en Teruel.
Como publicó este diario tras hacerse públicas las investigaciones de la Guardia Civil a Forestalia tanto en el denominado Caso Leire como en posibles ilícitos detectados en la creación del clúster eólico del Maestrazgo (Teruel), otros funcionarios han acusado a Domínguez de acumular decenas de expedientes de DIA (más que todos sus subordinados juntos) y de otorgar trato de favor recurrente en beneficio de las promotoras: exactamente el motivo por el que declara hoy como imputado.
Domínguez lo ha negado todo taxativamente a este periódico -Forestalia ni llegó a contestar-, asegurando que en realidad sólo buscaba «agilizar» los trámites «en momentos en que España apostaba muy fuerte por las renovables y no podían quedarse proyectos en el tintero por lentitud funcionarial». Tras todo eso, a su jubilación en 2024, como publicó EL MUNDO, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente le premió con un contrato de libre designación.
La Guardia Civil, en cambio, investiga, como ha podido saber este diario, una operativa tendente a dar «barra libre» a varias de las promotoras desde Calidad y Evaluación Ambiental en tiempos de Ribera, y una dinámica de presiones desde las empresas a los funcionarios que se negaban a realizar DIA positivas de los proyectos, habitualmente millonarios y que sustituyeron al fenecido ladrillo a partir de 2010 como fuente de dinero fácil y ayudas públicas -por lo que atrajeron a muchos empresarios que salían del ladrillazo-.
Por ejemplo, un subdirector de Energía de la Subdelegación de Gobierno en Aragón denunció haber sido despedido por negarse a aprobar tres proyectos de Forestalia, y la Justicia le dio la razón.
En Alcántara (Cáceres) fue una ONG local la que denunció los hechos, en una planta de la que Iberdrola ha hecho bandera, que según los denunciantes llegó a recibir 22,6 millones de fondos públicos FEDER, y que fue visitada y respaldada durante su construcción por los responsables de la Consejería del ramo: tramitación y construcción de la planta tuvieron lugar durante los gobiernos extremeños de Guillermo Fernández Vara (PSOE).
Así, pese a la denuncia, la planta se construyó de facto gracias al ok ministerial en zona habitada por buitre negro, águila imperial y lince ibérico, entre otras especies. Fondenex denunció e instruye la causa, por reparto, el juez Juan Carlos Peinado, el mismo que la denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Iberdrola, contactada por este diario, no ha querido realizar declaraciones.