La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles diligencias previas para investigar la polémica adjudicación de viviendas de protección pública en una urbanización de lujo de la Playa de San Juan. Los pisos del residencial Les Naus acabaron en manos de cargos municipales y familiares vinculados al Ayuntamiento alicantino.
La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada la pasada semana por el sindicato Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la ya ex concejala de Urbanismo y una ex directora general del consistorio que tuvieron que dimitir. También presentó su renuncia el jefe de gabinete de la consejera autonómica de Turismo, Marian Cano, al saberse que la madre de sus hijas fue también una de las beneficiarias.
La denuncia, además, apunta a otros empleados municipales, pues el caso ha salpicado también a un arquitecto municipal y a una arquitecta cuyo marido -funcionario de la Generalitat- autorizó su solicitud.
La instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de las denuncias que presentaron el PSOE, Sumar, el propio Ayuntamiento o la Generalitat Valenciana. El objetivo es unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales para tener un "conocimiento íntegro" y darles la correspondiente tramitación procesal, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Sobre este tema se ha vuelto a pronunciar precisamente este miércoles el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha expresado su "cabreo e indignación" por las irregularidades detectadas. "Ver a algunos jetas utilizar una posición privilegiada para hacerse con viviendas que, supuestamente, no se podían adjudicar es algo que me indigna totalmente", ha dicho Pérez Llorca a preguntas de los medios durante durante un acto en Orihuela.
El dirigente popular ha querido dejar claro que, "desde el primer día", pidió revisar cada uno de los expedientes para comprobar si alguno no cumplía los requisitos y ha recordado que en esa primera revisión "se detectó un caso, al parecer de un funcionario encargado de revisar los visados, que había exigido menos requisitos de los que contempla la norma porque su mujer había sido beneficiaria".
"Fue apartado inmediatamente y suspendido de empleo y sueldo", ha indicado el presidente, quien ha confirmado que el expediente de ese funcionario, "puesto por el Botànic", se le trasladó a la Fiscalía para su investigación. Según el jefe del Consell, la Generalitat "va a ser muy exhaustiva" y se van a exigir "responsabilidades" cuando haya "una sospecha fundada" de alguna irregularidad.